La Cámara de Comercio Internacional con los nuevos Incoterms®2010 ha realizado un esfuerzo para que estos se utilicen mejor. De hecho la CCI con su nueva reglamentación define las características de los Incoterms y hace algunas recomendaciones pero no define de que forma se deben usar los Incoterms 2010. También podemos observar en esta nueva edición un esfuerzo de simplificación importante ya que de la versión Incoterms 2.000 a la versión de los Incoterms®2010 se han eliminado cuatro Incoterms y se han creado dos nuevos.
Veamos estos cambios en esta tabla, donde podemos observar en color rojo los Incoterms que han desaparecido. Los Incoterms 2.000 eran trece, de los cuales la Cámara de Comercio Internacional distinguía en la lista los Incoterms marítimos y los polivalentes, pero los trece Incoterms estaban juntos en una solo relación.
Lista de Incoterms 2000
En la relación de los Incoterms 2010 podemos ver que la Cámara de Comercio Internacional ha creado dos grandes categorías de Incoterms, los que se puede utilizar para cualquier modo o modos de transporte y por tanto para transporte por carretea, tren, avión, marítimo fluvial y también en la combinación de todos ellos como en el transporte combinado y/o multimodal y una segunda categoría que hace referencia solo a los Incoterms que se pueden utilizar para transporte marítimo o fluvial.
Mucha atención a lo siguiente, es una pastilla de caldo concentrado, necesita de reflexión para poder disolver, asimilar todo el contenido.
LOS INCOTERMS 2010 DE LAS REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES SOLO SE DEBEN USAR CUANDO SOMOS CAPACES DE LLENAR BARCOS ENTEROS (GRANELEROS, PETROLEROS, ETC.) O BIEN ALQUILAR ESPACIOS EN LAS BODEGAS. NO PARA CONTENEDORES.
Lista de Incoterms 2010
Por tanto si nuestra empresa no utiliza barcos enteros o no alquila espacios en bodegas como ocurriría en carga general y utiliza habitualmente contenedores en transporte marítimo , camiones y otros medios de transporte, no deberá usar los Incoterms destinados para el transporte marítimo y vías navegables interiores.
La buena noticia del día, es que de los trece Incoterms del 2.000 desaparecen cuatro, se crean dos nuevos y para las empresas que no utilizan los marítimos se dejan de usar otros cuatro.
13-4+2-4 =7
Hemos pasado de trece Incoterms a siete, a esto yo le llamo simplificación.
http://www.incoterms-2010.com/incoterms-2010/cambios-introducidos-por-los-incoterms-2010
Blog de creación libre e individual. Enmarcado en la formación del Área Empresa, intenta responder a necesidades diarias de la Gestión Integral de la Pyme.
sábado, 30 de abril de 2011
martes, 26 de abril de 2011
La CNMV hará la vista gorda con la ley sobre sueldos de los consejeros.
El supervisor permitirá que las juntas de este año no voten la retribución de los consejos ni los sueldos individualizados pese a la nueva normativa.
La transparencia tendrá que esperar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido dar un periodo de gracia a las empresas cotizadas y a las cajas de ahorros antes de exigirles que sometan a votación consultiva las retribuciones de los consejeros. El supervisor así se lo ha trasladado a las empresas que le han consultado, a pesar de que la nueva normativa que exige ese plus de transparencia y de examen por parte de los accionistas está plenamente en vigor, según las fuentes jurídicas.
Los bonus de los ejecutivos y los sueldos de los consejeros han sido objeto de polémica internacional durante la crisis financiera y económica de los últimos años. Para poner coto a los abusos, a las prácticas que incentivan en exceso el riesgo y a posibles escándalos se han adoptado diferentes medidas, sobre todo en el sector financiero.
Entre tales medidas, el Gobierno español apostó por un aumento de la transparencia y el escrutinio de las retribuciones con algunas disposiciones de la Ley de Economía Sostenible (LES). Dicha ley entró en vigor el pasado 6 de marzo y exige que "el informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la junta general ordinaria de accionistas".
Las fuentes jurídicas consultadas entre despachos de abogados de primera fila coinciden en que esa norma está vigente y que debería ser aplicada en las juntas de accionistas que se han celebrado (o como mínimo, que se han convocado) a partir de la entrada en vigor de la disposición.
La CNMV, sin embargo, ha contestado a las empresas que han consultado sobre la cuestión que no exigirá aún el cumplimiento de la norma. El supervisor ha tenido en cuenta que las juntas ordinarias que se están celebrando ahora corresponden al ejercicio 2010 y que hay empresas que ya habían celebrado sus juntas antes de la entrada en vigor de la LES. Fuentes del supervisor señalan, además, que el contenido y estructura del informe de remuneraciones que prevé la LES está pendiente de un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido. El Ministerio de Economía, al que está adscrita la CNMV, declinó hacer comentarios. En todo caso, el supervisor dice que las empresas que quieran someter a votación las retribuciones ya "pueden hacerlo de forma voluntaria".
La principal novedad de la norma era, sin embargo, convertir esas prácticas en obligatorias. Precisamente las dos recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno que tienen un menor seguimiento voluntario se refieren a esa transparencia de las retribuciones. Solo una de cada cinco empresas somete a la votación de la junta un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y únicamente el 28,2% de las sociedades cotizadas detalla en su memoria las retribuciones individuales de los consejeros, según datos de la propia CNMV.
Los expertos entienden que la entrada en vigor de la LES cuando parte de las juntas de accionistas correspondientes a 2010 ya se ha producido genera anomalías. Pero aunque critican la deficiente técnica legislativa, no dudan de que la ley está vigente. Es decir, los juristas creen que hubiera sido lógico incluir una disposición transitoria que, por un lado, hiciera que la norma se aplicara para todas las empresas en el mismo ejercicio y que, por otro, diera tiempo a desarrollar el reglamento sobre el informe de remuneraciones. Pero los juristas constatan que esa disposición transitoria no existe y que, por tanto, la norma debería cumplirse. Sin necesidad de desarrollo alguno, la nueva disposición exige que se difundan y se sometan a votación consultiva las retribuciones individuales de los consejeros, la política de remuneraciones para el año en curso y la prevista para años futuros, entre otras cuestiones. Y subrayan que la ley nada dice sobre que haya que esperar a que haya un modelo normalizado de informe de retribuciones para que esa exigencia sea inmediata.
De hecho, algunas de esas firmas de abogados han aconsejado a las empresas a que asesoran que cumplan la ley y sometan esas cuestiones a votación aunque la CNMV aún no lo exija. Con ello pretenden evitar posibles impugnaciones o demandas de accionistas que interpreten que no se está cumpliendo la ley. Esa es la razón por la que está aumentando notablemente el número de empresas que lleva en el orden del día la votación consultiva de los sueldos del consejo. Otras compañías, sin embargo, han preferido esperar a que sea la CNMV la que exija el cumplimiento.
La transparencia tendrá que esperar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido dar un periodo de gracia a las empresas cotizadas y a las cajas de ahorros antes de exigirles que sometan a votación consultiva las retribuciones de los consejeros. El supervisor así se lo ha trasladado a las empresas que le han consultado, a pesar de que la nueva normativa que exige ese plus de transparencia y de examen por parte de los accionistas está plenamente en vigor, según las fuentes jurídicas.
Los bonus de los ejecutivos y los sueldos de los consejeros han sido objeto de polémica internacional durante la crisis financiera y económica de los últimos años. Para poner coto a los abusos, a las prácticas que incentivan en exceso el riesgo y a posibles escándalos se han adoptado diferentes medidas, sobre todo en el sector financiero.
Entre tales medidas, el Gobierno español apostó por un aumento de la transparencia y el escrutinio de las retribuciones con algunas disposiciones de la Ley de Economía Sostenible (LES). Dicha ley entró en vigor el pasado 6 de marzo y exige que "el informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la junta general ordinaria de accionistas".
Las fuentes jurídicas consultadas entre despachos de abogados de primera fila coinciden en que esa norma está vigente y que debería ser aplicada en las juntas de accionistas que se han celebrado (o como mínimo, que se han convocado) a partir de la entrada en vigor de la disposición.
La CNMV, sin embargo, ha contestado a las empresas que han consultado sobre la cuestión que no exigirá aún el cumplimiento de la norma. El supervisor ha tenido en cuenta que las juntas ordinarias que se están celebrando ahora corresponden al ejercicio 2010 y que hay empresas que ya habían celebrado sus juntas antes de la entrada en vigor de la LES. Fuentes del supervisor señalan, además, que el contenido y estructura del informe de remuneraciones que prevé la LES está pendiente de un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido. El Ministerio de Economía, al que está adscrita la CNMV, declinó hacer comentarios. En todo caso, el supervisor dice que las empresas que quieran someter a votación las retribuciones ya "pueden hacerlo de forma voluntaria".
La principal novedad de la norma era, sin embargo, convertir esas prácticas en obligatorias. Precisamente las dos recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno que tienen un menor seguimiento voluntario se refieren a esa transparencia de las retribuciones. Solo una de cada cinco empresas somete a la votación de la junta un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y únicamente el 28,2% de las sociedades cotizadas detalla en su memoria las retribuciones individuales de los consejeros, según datos de la propia CNMV.
Los expertos entienden que la entrada en vigor de la LES cuando parte de las juntas de accionistas correspondientes a 2010 ya se ha producido genera anomalías. Pero aunque critican la deficiente técnica legislativa, no dudan de que la ley está vigente. Es decir, los juristas creen que hubiera sido lógico incluir una disposición transitoria que, por un lado, hiciera que la norma se aplicara para todas las empresas en el mismo ejercicio y que, por otro, diera tiempo a desarrollar el reglamento sobre el informe de remuneraciones. Pero los juristas constatan que esa disposición transitoria no existe y que, por tanto, la norma debería cumplirse. Sin necesidad de desarrollo alguno, la nueva disposición exige que se difundan y se sometan a votación consultiva las retribuciones individuales de los consejeros, la política de remuneraciones para el año en curso y la prevista para años futuros, entre otras cuestiones. Y subrayan que la ley nada dice sobre que haya que esperar a que haya un modelo normalizado de informe de retribuciones para que esa exigencia sea inmediata.
De hecho, algunas de esas firmas de abogados han aconsejado a las empresas a que asesoran que cumplan la ley y sometan esas cuestiones a votación aunque la CNMV aún no lo exija. Con ello pretenden evitar posibles impugnaciones o demandas de accionistas que interpreten que no se está cumpliendo la ley. Esa es la razón por la que está aumentando notablemente el número de empresas que lleva en el orden del día la votación consultiva de los sueldos del consejo. Otras compañías, sin embargo, han preferido esperar a que sea la CNMV la que exija el cumplimiento.
lunes, 25 de abril de 2011
martes, 19 de abril de 2011
Redes: Los entresijos de la crisis mundial.
¿Qué acontecimientos han conducido a esta gran crisis mundial? ¿Cómo influye la economía de EEUU en la economía española? ¿Tiene la gente una percepción real de los problemas derivados de la crisis que acechan a su vida? ¿Sería bueno crear una moneda única para todos los países?. Aunque la ciencia no pueda abordar estos temas con el rigor que desearíamos, hoy en Redes tratamos de entender un poco más la actualidad económica de la mano del Premio Nobel Robert Mundell, promotor hace más de 20 años de la moneda única europea.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/redes---entresijos-crisis-mundial/904776/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/redes---entresijos-crisis-mundial/904776/
lunes, 18 de abril de 2011
domingo, 10 de abril de 2011
Islandia rechaza en referéndum pagar por los errores de sus bancos
El 'no' vence en la consulta celebrada ayer para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad.
Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.
El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.
"Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo". Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a este diario hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Frágil recuperación
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.
Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.
El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.
"Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo". Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a este diario hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Frágil recuperación
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.
jueves, 7 de abril de 2011
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