El Gobierno añade a la subida del IRPF, que calificó eufemísticamente como “recargo solidario temporal”, aprobada en diciembre, una reforma en la estructura del Impuesto de Sociedades. También abre la vía de una amnistía fiscal por la que pretende aflorar 25.000 millones de euros que escapaban al control de Hacienda, y con los que pretende recaudar 2.500 millones adicionales.
El rapapolvo de Bruselas a España por incumplir el objetivo de déficit el año pasado y el correctivo que propinó al Gobierno reduciendo el objetivo para este año en medio punto ha obligado al Gobierno a acelerar la reforma del Impuesto de Sociedades que tenía prevista para más adelante.
La recaudación del impuesto que grava los beneficios empresariales se ha desplomado un 64% por la crisis, desde los 44.800 millones recaudados en 2007, hasta los 16.600 el año pasado. El complejo sistema de bonificaciones y deducciones sobre el impuesto provocaron un agujero en las arcas públicas. Por eso, Hacienda trata ahora de tapar las vías de agua por donde se escapa la recaudación. El conjunto de medidas sobre este impuesto permitirá al fisco ingresar 5.350 millones más, según Hacienda.
La principal novedad está en el establecimiento de un pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Las empresas deberán pagar un 8% del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias. Si el 85% de los ingresos de proceden de rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición, el tipo se reduce al 4%. La medida es de carácter temporal y estará vigente hasta 2013. La idea es anticipar 2.500 millones por los impuestos que pagan las empresas. Por eso, el próximo pago fraccionado, que deben pagar las compañías antes del 20 de abril, ya aplicará un tipo del 4% sobre la totalidad del beneficio contable.
Otra de las medidas fiscales recoge las reclamaciones de las organizaciones de Inspectores de Hacienda y expertos fiscales. Consiste en limitar la deducción de los gastos financieros, con lo que el Estado pretende recaudar 1.050 millones de euros adicionales. El Gobierno acota la deducción para los gastos financieros que superen el 30% del resultado empresarial (Ebitda). Como mínimo se permitirá una reducción de las bases imponibles de un millón de euros. No obstante, Hacienda prevé que los gastos que no puedan ser deducibles en el ejercicio por superar el máximo del 30% podrán trasladarse sus efectos fiscales a ejercicios siguientes con un máximo de 18 años.
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/30/actualidad/1333118116_765753.html
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