Habrá vigilancia aún más estrecha y periódica. Vendrán los hombres de negro. La Gran Recesión, la crisis más profunda y prolongada del capitalismo en las últimas décadas, dejará profundas secuelas a su paso por España, que se convierte en la última frontera de la crisis existencial del euro. Cayó Grecia. Cayeron Irlanda y Portugal. Y arrastrada a cámara lenta por una banca que financió la madre de todas las burbujas inmobiliarias, cae España: el Gobierno de Mariano Rajoy, con el presidente desaparecido ayer, mostró su disposición a pedir el tantas y tantas veces negado rescate de los socios europeos para tapiar el agujero incontenible del sistema financiero.

Madrid recibirá hasta 100.000 millones de euros, el 10% de la riqueza que produce España en un año, en una línea de crédito destinada exclusivamente a los bancos. El Ejecutivo capitula así ante las fuertes presiones internacionales, ante el temor a que la banca española, la política griega o el pánico en los mercados detonen una espiral de estampidas bancarias e impagos de países que deriven en una depresión causada por un accidente financiero. Europa trata de poner un dique de contención en España. La respuesta de los mercados llegará tan pronto como mañana.
No hay comidas gratis: las ayudas europeas (a través del fondo de rescate temporal o del permanente) son en realidad préstamos para recapitalizar el sistema financiero, que el Tesoro deberá devolver religiosamente, a tocateja. Una vez más, el Estado sale al rescate de la banca. Eso sí, se trata de créditos blandos, en condiciones mucho mejores que las de mercado: en torno al 3%, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y sus socios europeos. Frente a ese 3%, el Tesoro paga actualmente intereses de más del 6% por la deuda a 10 años. A cambio de los tipos subvencionados, España cederá soberanía sobre su sistema financiero, pero también perderá soberanía fiscal, en contra de lo que explicó ayer el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que la única condicionalidad será para los bancos que requieran ayudas. “No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales”, dijo en varias ocasiones en una rueda de prensa multitudinaria, informa Amanda Mars. Pero el Eurogrupo le enmendó la plana: junto a las alabanzas hacia los esfuerzos españoles por abordar sus variados y agudos desequilibrios, el comunicado de los ministros de Finanzas de la zona euro deja claro lo contrario. Europa supervisará con mano de hierro que Madrid continúe por el camino de la consolidación fiscal, las reformas estructurales y del mercado de trabajo. “Revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas áreas, en paralelo con la asistencia financiera”, según el texto.

Vigilancia de Bruselas

En esas revisiones están implícitas las visitas de los hombres de negro citados por el ministro Cristóbal Montoro: misiones de funcionarios de la Comisión, del FMI e incluso del BCE en las que se estrechará la vigilancia sobre España. Se reduce así hasta prácticamente cero el margen del Gobierno para desviarse de las directrices que lleguen de Bruselas. Y las últimas recomendaciones son claras como el agua: embridar el gasto de las comunidades autónomas, elevar el IVA, acelerar la reforma de las pensiones y endurecer todavía un poco más la reforma laboral, entre otros aspectos. El crédito a España, como en el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, se concede a plazos: si se incumplen las condiciones, Bruselas cierra el grifo.
El Gobierno de Zapatero negó la crisis; el de Rajoy niega que la petición de España sea un rescate con condiciones. El Ejecutivo insistió ayer en evitar a toda costa esos dos términos: rescate y condicionalidad. En uno y otro caso se trata de un ejercicio completamente inútil: la palabra “condicionalidad” aparece en ese texto que marcará la política económica —y muy probablemente, el futuro del propio Gobierno— en los próximos años. En el caso de la banca será aún más evidente que en el ámbito fiscal: Europa exige que las entidades que necesiten ayudas activen “los planes de reestructuración de acuerdo con las reglas de las ayudas de la UE y los reformas horizontales del sector”.
En plata: venderán oficinas, recortarán personal, se desharán de activos y participaciones empresariales, despedirán a equipos gestores (como ha ocurrido en el caso de Bankia con Rodrigo Rato), pondrán en marcha nuevas fusiones o incluso podrían verse, en último caso, liquidaciones de alguna entidad. El último jarro de agua fría llega por la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que el Gobierno se oponía para ahuyentar el riesgo de quedar estigmatizado. Este organismo no será un prestamista más, como lo fue en los casos de Atenas, Lisboa y Dublín, pero sí apoyará y supervisará a las entidades con informes periódicos.

Estrechar el cerco

Bruselas, el Banco Central Europeo, el FMI e incluso el Gobierno de Barack Obama se han encargado en los últimos días de estrechar el cerco para que España pida ayuda. Pero Berlín es la clave de bóveda de toda la jugada. Las presiones alemanas para que el Gobierno de Rajoy recurra al fondo europeo tuvieron su punto álgido el miércoles, cuando el Ministerio de Hacienda germano se mostró favorable a que la intervención se limite al sector financiero. Esta intervención “suave”, concedían, estará sujeta a las normas especiales para rescates bancarios y tendrá así un calado menor que los programas de Grecia, Irlanda y Portugal. El viernes, diversas agencias internacionales citaban fuentes europeas para anunciar la conferencia telefónica celebrada por el Eurogrupo. La agencia británica Reuters se refirió a una fuente “del Gobierno alemán”, que oficialmente se ha mantenido cauteloso durante los dos días. Ayer, el ministro Wolfgang Schäuble disipó cualquier duda acerca de quién ha ejercido presiones: “Hemos instado a España a que tome decisiones”, informa Juan Gómez.
El nerviosismo en las grandes capitales se explica por la proximidad de las elecciones griegas, en las que la posible victoria de la plataforma izquierdista Syriza podría acarrear la supresión de los programas de austeridad y, con ellos, de los pagos de los próximos tramos del rescate a Atenas. Si esto sucede, podrían precipitarse los acontecimientos. Ni siquiera una fractura del euro puede descartarse. En esas condiciones, el contagio podría arrollar a España y a otros países como Italia. De ahí el apremio para que España apuntale sus bancos con dinero público europeo.
La petición de rescate fue la habitual ceremonia de la confusión: Bruselas viene a decir que es España quien lo ha pedido, y Madrid asegura que es la UE quien ha puesto ese dinero a su disposición. En cualquier caso, el mero anuncio de esa línea de crédito de 100.000 millones —que concede un margen considerable frente a las necesidades de unos 40.000 millones para la banca, según la primera estimación del FMI— puede dar algo de aire al Gobierno ante unas semanas complicadas, según fuentes financieras. Al efecto de las elecciones griegas se sumarán en el plazo de unos días las futuras evaluaciones del sistema bancario. “España debe tener un cheque preparado en cuanto esas cifras se conozcan”, explicaron fuentes diplomáticas.

Pendientes del mercado

Al Ejecutivo le quedan días duros por delante, en los que deberá convencer a los mercados y a los ciudadanos de que el acuerdo es tan positivo como ayer vendía el titular de Economía. Guindos se esforzó en recalcar por activa y por pasiva que lo acordado por el Eurogrupo no constituye un rescate, sino un préstamo “en condiciones muy favorables” que tendrá efectos positivos en la economía, porque reforzará a la banca y reactivará el crédito a empresas y familias. Vaticinó que supondrá un bálsamo para los mercados. Y justificó la ausencia de Rajoy: “Yo soy el miembro del Eurogrupo; el presidente del Gobierno no lo es”.
Pero no consiguió disipar algunas dudas acerca de las secuelas de esa decisión fundamental para el devenir de España. El rescate español es diferente, pero las tres experiencias europeas parecidas no son precisamente un éxito. Los países que solicitan ayudas internacionales, en general, no suelen querer repetir esa experiencia: para los gobernantes, la prueba del ajuste forzado se paga generalmente con la pérdida de las elecciones, incluso con un alejamiento duradero del poder; para los pueblos, el coste se mide en empleos destruidos, en rentas perdidas, en prolongadas y dolorosas recesiones. Algunas consecuencias del rescate, en fin, supondrán profundos cambios, algunos de los cuales están todavía en la penumbra. El Ejecutivo, por ahora, se niega a anticiparse a esas cuestiones. “Si la sociedad no va a sufrir las consecuencias del rescate, como sostiene el Gobierno, ¿por qué no se pidió antes la ayuda?”, le espetó un periodista a Guindos en su comparecencia. “A usted no le toca preguntar ahora”, cerró el ministro.