Los formadores de parados de Madrid no cobran desde mayo

La de Luis es una historia de estrecheces. Durante los últimos seis meses, Luis (que pide figurar sin apellidos ni más datos) condujo 160 kilómetros diarios para trabajar 11 horas de sol a sol, comió en su coche y se mudó a un piso compartido en el que pagaba 300 euros mensuales. Se apretó el cinturón tanto que, asegura, no tenía “ni los 35 céntimos” que cuesta un café de máquina. “La mitad de los días comía arroz y fiambre de pavo de bolsa”, revela este profesor con dos carreras y un máster.

El suyo sería un testimonio más de la crisis que nos ha tocado vivir. La peculiaridad de Luis —que trabajó todo ese tiempo sin cobrar (“ya no tenía a quién pedir más dinero prestado”)—es que su empleo es la formación de parados, que ya son 623.300 en Madrid, tras el incremento del 8,77% en 2011. Y un apunte más: el dinero de su sueldo proviene directamente de las arcas de la Comunidad de Madrid, que lleva desde mayo sin abonar ni un euro a las empresas de formación de desempleados. Adeuda, según admite la Consejería de Economía y Hacienda, unos 50 millones en facturas.

omo Luis, había otros 5.000 trabajadores en una situación similar en 800 empresas hasta diciembre. “La plantilla se ha reducido a menos de la mitad desde entonces por los impagos”, señala un portavoz de la Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación (Amacfor), que denunció la situación. El diputado socialista Antonio Carmona, que llevará una iniciativa a la Asamblea de Madrid, eleva a 100 millones la deuda por impagos de años anteriores. “La Comunidad de Madrid es el primer moroso de la región. A cualquier familia, a cualquier empresa madrileña se les exige pagar la cuota del banco pagar la factura de la luz y pagar los impuestos”, señala el diputado. “Sin embargo, la Comunidad no paga”.

Economía admite “un problema de pago”, según el citado portavoz, que lo achaca al cambio de ubicación del Servicio Regional de Empleo. En la reestructuración del Gobierno tras las últimas elecciones autonómicas de mayo, este servicio pasó a depender de la Consejería de Educación, junto con toda la cartera de Empleo. “Eso produjo un desfase y problemas técnicos que han demorado la situación”, según el portavoz de la Comunidad, que promete una reunión con los afectados “esta semana” para “establecer un calendario de pagos”. Carmona les acusa de “ocultar deuda” en forma de “facturas no pagadas y no contabilizadas como déficit”.

El formador Luis, que ahora duerme más tranquilo, se plantó y acudió a Magistratura hace unas semanas para denunciar los impagos. Le han abonado la mitad de lo que le deben. Desconfía de que le vuelvan a llamar en la empresa de formación tras su denuncia. “Me conformo con que la Comunidad se preocupe de si hemos desayunado o no, esto ha sido una infamia”.

Son desempleados; no están parados.

Los servicios de empleo ofrecerán itinerarios personalizados para encontrar trabajo - Los desocupados deberán seguirlos si quieren mantener la prestación.

La estampa del parado que cobra una prestación sin más derechos ni deberes que ir a sellar la cartilla ejemplifica el fracaso de las políticas de empleo en España. Los trámites se han agilizado, algunas oficinas han rejuvenecido, pero lo esencial permanece: la falta de medidas para insertar al desempleado en el mercado laboral. La presión que supone un récord de 4,7 millones de parados pendientes de soluciones ha forzado al Gobierno a intentar dar un vuelco a la tradición. "La idea es empezar a movilizar; que la persona esté desempleada, pero no parada. Hoy tenemos una escasa movilización", avanza la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.

Los cambios que ultima el Ministerio de Trabajo ofrecerán al desempleado un puñado de nuevos derechos, que se implantarán gradualmente de aquí a 2013, pero también de obligaciones. Los servicios públicos de empleo garantizarán itinerarios propios a cada persona en búsqueda de ocupación. Los funcionarios les diseñarán recorridos que deberán seguir para abandonar su situación lo antes posible. Los parados "estarán obligados a participar en las acciones que marque ese acuerdo", subraya Rodríguez, ya sean cursos, tutelas para el autoempleo o cualquier tipo de orientación profesional.

La tarea no parece sencilla. En la actualidad hay parados que no llegan a recibir nunca la llamada de su oficina de empleo. Con suerte son seleccionados para alguna acción formativa de resultados inciertos. Si prospera el plan del Ejecutivo, los servicios públicos seguirán el rastro de los desempleados desde el primer día. Y, en caso de no querer participar, serán sancionados, con la retirada de la prestación como máximo castigo.

Las nuevas reglas empezarán a aplicarse este año -el Gobierno espera aprobar la norma el próximo viernes en el Consejo de Ministros- aunque solo en 2013 estarán universalizadas. En 2011 se atenderá prioritariamente a los parados que agoten la prestación, a jóvenes con dificultades de acceso al mercado y a desempleados de larga duración. En 2012 se sumarán los discapacitados y los expulsados del sector de la construcción, que previsiblemente requerirán reciclaje profesional. Ya en 2013 existirá la obligación de ofrecer el catálogo personalizado a todos los parados.

Aunque la cifra haya bajado para entonces, orientarlos uno a uno requerirá algo más que buena voluntad. El Gobierno confía en lograrlo con dos medidas que ya ha puesto en marcha. La primera consiste en contratar a 1.500 orientadores de empleo que se suman a otros 1.500 incorporados hace dos años para realizar experiencias piloto de este tipo. Mantener a los 3.000 costará 104 millones de euros al año. Pero existe otra herramienta casi más potente: la colaboración de las agencias privadas de colocación, apartadas por ley de los servicios públicos hasta la aprobación de la reforma laboral. El servicio de empleo estatal ya ha recibido cinco solicitudes de empresas para integrarse en ese modelo público-privado vigente en casi toda Europa, y con buenos resultados en países como Alemania y Suecia, subraya la responsable de Empleo. Esa colaboración tendrá también un coste para el erario público -no para el desempleado- que Mari Luz Rodríguez aún no quiere vaticinar.

Pero si el proyecto funciona, lo más probable es que acabe ahorrando dinero. "La finalidad no es ahorrar en prestaciones, sino movilizar, aunque se acortará el tiempo en que la persona permanece en desempleo", admite. En la actualidad los desempleados que agotan la prestación contributiva superan a los que suspenden el cobro por haber encontrado un trabajo.

Más a corto plazo, habrá un plan de choque que durará un año para fomentar la contratación de los dos colectivos que conforman el grueso de las listas de paro: jóvenes y desempleados de larga duración. El Ejecutivo bonificará hasta el 100% de las cotizaciones sociales a las empresas que empleen a tiempo parcial a parados de este perfil. También con fecha en el calendario, Trabajo presentará en seis meses una estrategia de empleo para "personas de más edad", que la secretaria de Estado sitúa alrededor de los 55 años. Se trata de "dar coherencia a esa brecha que puede producirse con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años", pues muchas personas quedan desenganchadas del mercado laboral a partir de los 50.

Consciente de que ninguna política activa de empleo desterrará el paro de larga duración, Rodríguez tiene ya listo el programa que sustituirá a los 426 euros para parados sin rentas. Entrará en vigor el próximo 16 de febrero, con una vigencia prevista de seis meses y probablemente bajo el nombre Prepara. La ayuda será de 400 euros, algo menor que la actual. Habrá dos requisitos para percibirla: no tener rentas superiores a 481 euros al mes (el 75% del salario mínimo) y participar en cursos de formación.