Frenar el deterioro del mercado laboral y proteger a los parados sin ingresos como recoge el acuerdo de empresarios, sindicatos y Gobierno va a suponer un esfuerzo presupuestario considerable. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley para estimular la contratación a tiempo parcial de jóvenes hasta 30 años y parados mayores de 45 años y un programa de protección e inserción laboral para parados sin ingresos. El Ministerio de Trabajo ya ha echado cuentas. Con cada contrato que se firme, la Seguridad Social dejará de ingresar una media de 262 euros al mes (la ayuda consiste en que el empresario no paga las cuotas sociales durante un año). El nuevo subsidio a parados costará 400 millones.
El plan de choque para impulsar los contratos a tiempo parcial -infrautilizados en España en comparación con otros países europeos- permitirá que durante un año las empresas dejen de pagar el 100% de las cuotas sociales (si la compañía tiene más de 250 trabajadores, la rebaja será del 75%). Trabajo calcula que esto supondrá una merma de 23,5 millones cada 10.000 contratos en las arcas de la Seguridad Social.
Así, si al final del programa, que durará 12 meses, se cumplieran el objetivo gubernamental de lograr 100.000 nuevos contratos, el coste total sería de 235 millones. No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, recordó que si se crean empleos se reduciría el gasto en prestaciones y que, además, esta ayuda evita que se paguen otras bonificaciones para contratos a tiempo parcial. De ahí que, en una conversación posterior, Gómez se mostrara dispuesto a buscar fórmulas de compensación al instituto público.
El ministro enfatizó que para que las empresas puedan beneficiarse de esta ayuda tendrán que aumentar plantilla. Se trata de evitar la sustitución de trabajadores por los que ahora las compañías cotizan por otros por los que no lo harían. Además, los nuevos contratos tendrá que comprender entre el 50% y el 75% de la jornada a tiempo completo y tener una duración superior a los seis meses.
La otra medida estrella del decreto aprobado ayer, que el Gobierno espera sea convalidado con celeridad por el Parlamento, es un plan de protección a los parados sin prestación y que no tengan ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (641,4 euros al mes). Consistirá en una paga mensual de 400 euros durante medio año para quienes cumplan las condiciones desde el 16 de febrero (un día después de que finalice el PRODI).
El Ejecutivo calcula que los potenciales beneficiarios de esta ayuda ascenderán a 192.000 parados, lo que supondrá un desembolso total de 400 millones. Para hacer frente a este gasto, el Gobierno ha dispuesto 200 millones procedentes de Trabajo y otros 200 que salen del resto de ministerios. "Los 400 euros serán de acompañamiento", recalcó Gómez, para a continuación recordar que esta paga estará vinculada al seguimiento de itinerarios de inserción laboral y formación por parte de los parados que la reciban.
"La cuantía de esta ayuda es escasa", se apresuró ayer a valorar CC OO "por ir dirigida a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción laboral y que carecen de rentas". Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, subrayó que la nueva ayuda es un "derecho subjetivo" y que servirá para reorientar y recualificar a los desempleados.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/ayudara/262/euros/contrato/parcial/empresas/elpepueco/20110212elpepieco_9/Tes
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domingo, 13 de febrero de 2011
sábado, 12 de febrero de 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
Pymes y autónomos pagan cada año 800 millones por IVA de facturas sin cobrar
Pymes y autónomos pagan 800 millones de euros anuales en concepto de IVA de facturas que aún no han llegado a cobrar y que puede que no cobren, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.
Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que cuentan con un mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, con 195,2 millones de euros y 149,3 millones de euros, respectivamente.
A continuación se sitúan Andalucía (94,6 millones) y la Comunidad Valenciana (86,9 millones), por delante del País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.
Además, con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen -en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado-- modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro total o parcial de la factura.
En paralelo, Gestha respalda las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios tendentes a garantizar un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales, "con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas".
El 43% de los españoles justifica el fraude
Según datos del último Barómetro elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43% lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes.
Para los Técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según sus cálculos, representa en España el 23,3% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales.
Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo.
A su juicio, también se hace necesaria la implantación de una mayor colaboración entre las administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.
La cuarta medida, según Gestha, sería reforzar el Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria, aumentando las funciones y competencias sus actuales empleados públicos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.
Según Gestha, de ser aprobadas estas enmiendas, se podrían recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, "lo que sanearía el déficit de las administraciones públicas y permitiría reducir las tensiones de la deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país".
Los Técnicos reclaman más control del gasto
Junto a estas modificaciones, los Técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán al proyecto de ley de Economía Sostenible.
En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado.
http://www.supercontable.com/envios/BOLETIN_SUPERCONTABLE
La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.
Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que cuentan con un mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, con 195,2 millones de euros y 149,3 millones de euros, respectivamente.
A continuación se sitúan Andalucía (94,6 millones) y la Comunidad Valenciana (86,9 millones), por delante del País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.
Además, con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen -en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado-- modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro total o parcial de la factura.
En paralelo, Gestha respalda las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios tendentes a garantizar un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales, "con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas".
El 43% de los españoles justifica el fraude
Según datos del último Barómetro elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43% lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes.
Para los Técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según sus cálculos, representa en España el 23,3% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales.
Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo.
A su juicio, también se hace necesaria la implantación de una mayor colaboración entre las administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.
La cuarta medida, según Gestha, sería reforzar el Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria, aumentando las funciones y competencias sus actuales empleados públicos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.
Según Gestha, de ser aprobadas estas enmiendas, se podrían recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, "lo que sanearía el déficit de las administraciones públicas y permitiría reducir las tensiones de la deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país".
Los Técnicos reclaman más control del gasto
Junto a estas modificaciones, los Técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán al proyecto de ley de Economía Sostenible.
En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado.
http://www.supercontable.com/envios/BOLETIN_SUPERCONTABLE
domingo, 6 de febrero de 2011
Son desempleados; no están parados.
Los servicios de empleo ofrecerán itinerarios personalizados para encontrar trabajo - Los desocupados deberán seguirlos si quieren mantener la prestación.
La estampa del parado que cobra una prestación sin más derechos ni deberes que ir a sellar la cartilla ejemplifica el fracaso de las políticas de empleo en España. Los trámites se han agilizado, algunas oficinas han rejuvenecido, pero lo esencial permanece: la falta de medidas para insertar al desempleado en el mercado laboral. La presión que supone un récord de 4,7 millones de parados pendientes de soluciones ha forzado al Gobierno a intentar dar un vuelco a la tradición. "La idea es empezar a movilizar; que la persona esté desempleada, pero no parada. Hoy tenemos una escasa movilización", avanza la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.
Los cambios que ultima el Ministerio de Trabajo ofrecerán al desempleado un puñado de nuevos derechos, que se implantarán gradualmente de aquí a 2013, pero también de obligaciones. Los servicios públicos de empleo garantizarán itinerarios propios a cada persona en búsqueda de ocupación. Los funcionarios les diseñarán recorridos que deberán seguir para abandonar su situación lo antes posible. Los parados "estarán obligados a participar en las acciones que marque ese acuerdo", subraya Rodríguez, ya sean cursos, tutelas para el autoempleo o cualquier tipo de orientación profesional.
La tarea no parece sencilla. En la actualidad hay parados que no llegan a recibir nunca la llamada de su oficina de empleo. Con suerte son seleccionados para alguna acción formativa de resultados inciertos. Si prospera el plan del Ejecutivo, los servicios públicos seguirán el rastro de los desempleados desde el primer día. Y, en caso de no querer participar, serán sancionados, con la retirada de la prestación como máximo castigo.
Las nuevas reglas empezarán a aplicarse este año -el Gobierno espera aprobar la norma el próximo viernes en el Consejo de Ministros- aunque solo en 2013 estarán universalizadas. En 2011 se atenderá prioritariamente a los parados que agoten la prestación, a jóvenes con dificultades de acceso al mercado y a desempleados de larga duración. En 2012 se sumarán los discapacitados y los expulsados del sector de la construcción, que previsiblemente requerirán reciclaje profesional. Ya en 2013 existirá la obligación de ofrecer el catálogo personalizado a todos los parados.
Aunque la cifra haya bajado para entonces, orientarlos uno a uno requerirá algo más que buena voluntad. El Gobierno confía en lograrlo con dos medidas que ya ha puesto en marcha. La primera consiste en contratar a 1.500 orientadores de empleo que se suman a otros 1.500 incorporados hace dos años para realizar experiencias piloto de este tipo. Mantener a los 3.000 costará 104 millones de euros al año. Pero existe otra herramienta casi más potente: la colaboración de las agencias privadas de colocación, apartadas por ley de los servicios públicos hasta la aprobación de la reforma laboral. El servicio de empleo estatal ya ha recibido cinco solicitudes de empresas para integrarse en ese modelo público-privado vigente en casi toda Europa, y con buenos resultados en países como Alemania y Suecia, subraya la responsable de Empleo. Esa colaboración tendrá también un coste para el erario público -no para el desempleado- que Mari Luz Rodríguez aún no quiere vaticinar.
Pero si el proyecto funciona, lo más probable es que acabe ahorrando dinero. "La finalidad no es ahorrar en prestaciones, sino movilizar, aunque se acortará el tiempo en que la persona permanece en desempleo", admite. En la actualidad los desempleados que agotan la prestación contributiva superan a los que suspenden el cobro por haber encontrado un trabajo.
Más a corto plazo, habrá un plan de choque que durará un año para fomentar la contratación de los dos colectivos que conforman el grueso de las listas de paro: jóvenes y desempleados de larga duración. El Ejecutivo bonificará hasta el 100% de las cotizaciones sociales a las empresas que empleen a tiempo parcial a parados de este perfil. También con fecha en el calendario, Trabajo presentará en seis meses una estrategia de empleo para "personas de más edad", que la secretaria de Estado sitúa alrededor de los 55 años. Se trata de "dar coherencia a esa brecha que puede producirse con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años", pues muchas personas quedan desenganchadas del mercado laboral a partir de los 50.
Consciente de que ninguna política activa de empleo desterrará el paro de larga duración, Rodríguez tiene ya listo el programa que sustituirá a los 426 euros para parados sin rentas. Entrará en vigor el próximo 16 de febrero, con una vigencia prevista de seis meses y probablemente bajo el nombre Prepara. La ayuda será de 400 euros, algo menor que la actual. Habrá dos requisitos para percibirla: no tener rentas superiores a 481 euros al mes (el 75% del salario mínimo) y participar en cursos de formación.
La estampa del parado que cobra una prestación sin más derechos ni deberes que ir a sellar la cartilla ejemplifica el fracaso de las políticas de empleo en España. Los trámites se han agilizado, algunas oficinas han rejuvenecido, pero lo esencial permanece: la falta de medidas para insertar al desempleado en el mercado laboral. La presión que supone un récord de 4,7 millones de parados pendientes de soluciones ha forzado al Gobierno a intentar dar un vuelco a la tradición. "La idea es empezar a movilizar; que la persona esté desempleada, pero no parada. Hoy tenemos una escasa movilización", avanza la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.
Los cambios que ultima el Ministerio de Trabajo ofrecerán al desempleado un puñado de nuevos derechos, que se implantarán gradualmente de aquí a 2013, pero también de obligaciones. Los servicios públicos de empleo garantizarán itinerarios propios a cada persona en búsqueda de ocupación. Los funcionarios les diseñarán recorridos que deberán seguir para abandonar su situación lo antes posible. Los parados "estarán obligados a participar en las acciones que marque ese acuerdo", subraya Rodríguez, ya sean cursos, tutelas para el autoempleo o cualquier tipo de orientación profesional.
La tarea no parece sencilla. En la actualidad hay parados que no llegan a recibir nunca la llamada de su oficina de empleo. Con suerte son seleccionados para alguna acción formativa de resultados inciertos. Si prospera el plan del Ejecutivo, los servicios públicos seguirán el rastro de los desempleados desde el primer día. Y, en caso de no querer participar, serán sancionados, con la retirada de la prestación como máximo castigo.
Las nuevas reglas empezarán a aplicarse este año -el Gobierno espera aprobar la norma el próximo viernes en el Consejo de Ministros- aunque solo en 2013 estarán universalizadas. En 2011 se atenderá prioritariamente a los parados que agoten la prestación, a jóvenes con dificultades de acceso al mercado y a desempleados de larga duración. En 2012 se sumarán los discapacitados y los expulsados del sector de la construcción, que previsiblemente requerirán reciclaje profesional. Ya en 2013 existirá la obligación de ofrecer el catálogo personalizado a todos los parados.
Aunque la cifra haya bajado para entonces, orientarlos uno a uno requerirá algo más que buena voluntad. El Gobierno confía en lograrlo con dos medidas que ya ha puesto en marcha. La primera consiste en contratar a 1.500 orientadores de empleo que se suman a otros 1.500 incorporados hace dos años para realizar experiencias piloto de este tipo. Mantener a los 3.000 costará 104 millones de euros al año. Pero existe otra herramienta casi más potente: la colaboración de las agencias privadas de colocación, apartadas por ley de los servicios públicos hasta la aprobación de la reforma laboral. El servicio de empleo estatal ya ha recibido cinco solicitudes de empresas para integrarse en ese modelo público-privado vigente en casi toda Europa, y con buenos resultados en países como Alemania y Suecia, subraya la responsable de Empleo. Esa colaboración tendrá también un coste para el erario público -no para el desempleado- que Mari Luz Rodríguez aún no quiere vaticinar.
Pero si el proyecto funciona, lo más probable es que acabe ahorrando dinero. "La finalidad no es ahorrar en prestaciones, sino movilizar, aunque se acortará el tiempo en que la persona permanece en desempleo", admite. En la actualidad los desempleados que agotan la prestación contributiva superan a los que suspenden el cobro por haber encontrado un trabajo.
Más a corto plazo, habrá un plan de choque que durará un año para fomentar la contratación de los dos colectivos que conforman el grueso de las listas de paro: jóvenes y desempleados de larga duración. El Ejecutivo bonificará hasta el 100% de las cotizaciones sociales a las empresas que empleen a tiempo parcial a parados de este perfil. También con fecha en el calendario, Trabajo presentará en seis meses una estrategia de empleo para "personas de más edad", que la secretaria de Estado sitúa alrededor de los 55 años. Se trata de "dar coherencia a esa brecha que puede producirse con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años", pues muchas personas quedan desenganchadas del mercado laboral a partir de los 50.
Consciente de que ninguna política activa de empleo desterrará el paro de larga duración, Rodríguez tiene ya listo el programa que sustituirá a los 426 euros para parados sin rentas. Entrará en vigor el próximo 16 de febrero, con una vigencia prevista de seis meses y probablemente bajo el nombre Prepara. La ayuda será de 400 euros, algo menor que la actual. Habrá dos requisitos para percibirla: no tener rentas superiores a 481 euros al mes (el 75% del salario mínimo) y participar en cursos de formación.
jueves, 3 de febrero de 2011
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