Habrá vigilancia aún más estrecha y periódica. Vendrán los hombres de negro. La Gran Recesión,
la crisis más profunda y prolongada del capitalismo en las últimas
décadas, dejará profundas secuelas a su paso por España, que se
convierte en la última frontera de la crisis existencial del euro. Cayó
Grecia. Cayeron Irlanda y Portugal. Y arrastrada a cámara lenta por una
banca que financió la madre de todas las burbujas inmobiliarias, cae
España: el Gobierno de Mariano Rajoy, con el presidente desaparecido ayer,
mostró su disposición a pedir el tantas y tantas veces negado rescate
de los socios europeos para tapiar el agujero incontenible del sistema
financiero.
Madrid recibirá hasta 100.000 millones de euros,
el 10% de la riqueza que produce España en un año, en una línea de
crédito destinada exclusivamente a los bancos. El Ejecutivo capitula así
ante las fuertes presiones internacionales, ante el temor a que la
banca española, la política griega o el pánico en los mercados detonen
una espiral de estampidas bancarias e impagos de países que deriven en
una depresión causada por un accidente financiero. Europa trata de poner
un dique de contención en España. La respuesta de los mercados llegará
tan pronto como mañana.
No hay comidas gratis: las ayudas europeas (a través del fondo de rescate temporal o del permanente)
son en realidad préstamos para recapitalizar el sistema financiero,
que el Tesoro deberá devolver religiosamente, a tocateja. Una vez más,
el Estado sale al rescate de la banca. Eso sí, se trata de créditos
blandos, en condiciones mucho mejores que las de mercado: en torno al
3%, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y sus
socios europeos. Frente a ese 3%, el Tesoro paga actualmente intereses
de más del 6% por la deuda a 10 años. A cambio de los tipos
subvencionados, España cederá soberanía sobre su sistema financiero,
pero también perderá soberanía fiscal, en contra de lo que explicó ayer
el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que
la única condicionalidad será para los bancos que requieran ayudas.
“No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales”, dijo
en varias ocasiones en una rueda de prensa multitudinaria, informa
Amanda Mars. Pero el Eurogrupo le enmendó la plana: junto a las
alabanzas hacia los esfuerzos españoles por abordar sus variados y
agudos desequilibrios, el comunicado de los ministros de Finanzas de la
zona euro deja claro lo contrario. Europa supervisará con mano de hierro
que Madrid continúe por el camino de la consolidación fiscal, las
reformas estructurales y del mercado de trabajo. “Revisaremos de cerca y
regularmente los progresos en estas áreas, en paralelo con la
asistencia financiera”, según el texto.
Vigilancia de Bruselas
En esas revisiones están implícitas las visitas de los hombres de
negro citados por el ministro Cristóbal Montoro: misiones de
funcionarios de la Comisión, del FMI e incluso del BCE en las que se
estrechará la vigilancia sobre España. Se reduce así hasta prácticamente
cero el margen del Gobierno para desviarse de las directrices que
lleguen de Bruselas. Y las últimas recomendaciones son claras como el
agua: embridar el gasto de las comunidades autónomas, elevar el IVA,
acelerar la reforma de las pensiones y endurecer todavía un poco más la
reforma laboral, entre otros aspectos. El crédito a España, como en el
caso de Grecia, Portugal e Irlanda, se concede a plazos: si se incumplen
las condiciones, Bruselas cierra el grifo.
El Gobierno de Zapatero negó la crisis; el de Rajoy niega que la
petición de España sea un rescate con condiciones. El Ejecutivo insistió
ayer en evitar a toda costa esos dos términos: rescate y
condicionalidad. En uno y otro caso se trata de un ejercicio
completamente inútil: la palabra “condicionalidad” aparece en ese texto
que marcará la política económica —y muy probablemente, el futuro del
propio Gobierno— en los próximos años. En el caso de la banca será aún
más evidente que en el ámbito fiscal: Europa exige que las entidades que
necesiten ayudas activen “los planes de reestructuración de acuerdo con
las reglas de las ayudas de la UE y los reformas horizontales del
sector”.
En plata: venderán oficinas, recortarán personal, se desharán de
activos y participaciones empresariales, despedirán a equipos gestores
(como ha ocurrido en el caso de Bankia con Rodrigo Rato), pondrán en
marcha nuevas fusiones o incluso podrían verse, en último caso,
liquidaciones de alguna entidad. El último jarro de agua fría llega por
la intervención del Fondo Monetario Internacional
(FMI), a la que el Gobierno se oponía para ahuyentar el riesgo de
quedar estigmatizado. Este organismo no será un prestamista más, como lo
fue en los casos de Atenas, Lisboa y Dublín, pero sí apoyará y
supervisará a las entidades con informes periódicos.
Estrechar el cerco
Bruselas, el Banco Central Europeo, el FMI e incluso el Gobierno de
Barack Obama se han encargado en los últimos días de estrechar el cerco
para que España pida ayuda. Pero Berlín es la clave de bóveda de toda la
jugada. Las presiones alemanas para que el Gobierno de Rajoy recurra al
fondo europeo tuvieron su punto álgido el miércoles, cuando el
Ministerio de Hacienda germano se mostró favorable a que la intervención
se limite al sector financiero. Esta intervención “suave”, concedían,
estará sujeta a las normas especiales para rescates bancarios y tendrá
así un calado menor que los programas de Grecia, Irlanda y Portugal. El
viernes, diversas agencias internacionales citaban fuentes europeas para
anunciar la conferencia telefónica celebrada por el Eurogrupo. La
agencia británica Reuters se refirió a una fuente “del Gobierno alemán”,
que oficialmente se ha mantenido cauteloso durante los dos días. Ayer,
el ministro Wolfgang Schäuble disipó cualquier duda acerca de quién ha
ejercido presiones: “Hemos instado a España a que tome decisiones”,
informa Juan Gómez.
El nerviosismo en las grandes capitales se explica por
la proximidad de las elecciones griegas,
en las que la posible victoria de la plataforma izquierdista Syriza
podría acarrear la supresión de los programas de austeridad y, con
ellos, de los pagos de los próximos tramos del rescate a Atenas. Si esto
sucede, podrían precipitarse los acontecimientos. Ni siquiera una
fractura del euro puede descartarse. En esas condiciones, el contagio
podría arrollar a España y a otros países como Italia. De ahí el apremio
para que España apuntale sus bancos con dinero público europeo.
La petición de rescate fue la habitual ceremonia de la confusión:
Bruselas viene a decir que es España quien lo ha pedido, y Madrid
asegura que es la UE quien ha puesto ese dinero a su disposición. En
cualquier caso, el mero anuncio de esa línea de crédito de 100.000
millones —que concede un margen considerable frente a las necesidades de
unos 40.000 millones para la banca, según la primera estimación del
FMI— puede dar algo de aire al Gobierno ante unas semanas complicadas,
según fuentes financieras. Al efecto de las elecciones griegas se
sumarán en el plazo de unos días las futuras evaluaciones del sistema
bancario. “España debe tener un cheque preparado en cuanto esas cifras
se conozcan”, explicaron fuentes diplomáticas.
Pendientes del mercado
Al Ejecutivo le quedan días duros por delante, en los que deberá
convencer a los mercados y a los ciudadanos de que el acuerdo es tan
positivo como ayer vendía el titular de Economía. Guindos se esforzó en
recalcar por activa y por pasiva que lo acordado por el Eurogrupo no
constituye un rescate, sino un préstamo “en condiciones muy favorables”
que tendrá efectos positivos en la economía, porque reforzará a la banca
y reactivará el crédito a empresas y familias. Vaticinó que supondrá un
bálsamo para los mercados. Y justificó la ausencia de Rajoy: “Yo soy el
miembro del Eurogrupo; el presidente del Gobierno no lo es”.
Pero no consiguió disipar algunas dudas acerca de las secuelas de esa
decisión fundamental para el devenir de España. El rescate español es
diferente, pero las tres experiencias europeas parecidas no son
precisamente un éxito. Los países que solicitan ayudas internacionales,
en general, no suelen querer repetir esa experiencia: para los
gobernantes, la prueba del ajuste forzado se paga generalmente con la
pérdida de las elecciones, incluso con un alejamiento duradero del
poder; para los pueblos, el coste se mide en empleos destruidos, en
rentas perdidas, en prolongadas y dolorosas recesiones. Algunas
consecuencias del rescate, en fin, supondrán profundos cambios, algunos
de los cuales están todavía en la penumbra. El Ejecutivo, por ahora, se
niega a anticiparse a esas cuestiones. “Si la sociedad no va a sufrir
las consecuencias del rescate, como sostiene el Gobierno, ¿por qué no se
pidió antes la ayuda?”, le espetó un periodista a Guindos en su
comparecencia. “A usted no le toca preguntar ahora”, cerró el ministro.
