Los autónomos están preocupados ante la tardanza en la regulación que permite a pymes y autónomos no tributar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, la modificación de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre.
Y es que según los cálculos de la consultora Instrum Justitia la supervivencia de muchos emprendedores depende de que salga adelante esta normativa, ya que afecta a una amplia mayoría de este colectivo.
La consultora sueca, especializada en gestión de crédito y cobro, considera que "el 80% de los autónomos se encuentra en una situación de riesgo por los retrasos en los pagos e impagos", especialmente acusadas en los últimos meses por las deudas que mantiene el sector público, según recoge el diario Expansión.
Los cálculos que arroja la consultora no son alentadores, ya que según el Índice de Riesgo de 2011, las Administración tarda en pagar sus facturas una media de 153 días, frente a los 99 de las empresas, y los 68 de las particulares, una tardanza que en caso de no darse aliviaría al sector con un ingreso de 28.630 millones.
Así pues, si se traza una rápida regla de tres: si en España hay actualmente 3,1 millones de empresarios autónomos, este retraso en la modificación de la norma estaría afectando a casi 2,5 millones de empresarios del tejido empresarial español.
Mientras, Hacienda aprieta
Mientras tanto, Hacienda ha movido ficha y sigue penalizando la labor de los autónomos, equiparando a este colectivo con las empresas mayores, a los que obligarán a presentar una declaración informativa de manera trimestral detallando el registros de facturas.
Con esta modificación fiscal, la Administración busca una mayor eficacia ante un posible fraude fiscal, una labor de control que aunque aseguran que es "de muy difícil cumplimiento" afecta a un sector mermado por la crisis en la que tres de cada cuatro empresas han visto como el 60% de su actividad se desplomaba en 2011.
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